ANALIZA LA PGJE LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES

MEXICALI, B.C., 23 DE JULIO DE 2012.- Con la finalidad de analizar las modificaciones que se han realizado en los últimos meses al Código de Procedimientos y al Código Penal de Baja California, este día la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó el foro “Impacto Negativo de Reformas Anticonstitucionales”.

Dicho evento fue encabezado por el Procurador General de Justicia del Estado,  Rommel Moreno Manjarréz, quien comentó que la PGJE busca analizar todas las modificaciones que se han hecho a dichos códigos para hacer un replanteamiento de las mismas y presentar una propuesta seria de este trabajo a las barras y colegios de abogados y ante el propio Congreso del Estado.

Durante su participación, Moreno Manjarréz comentó que las relacionadas a la  ampliación de la flagrancia y los juicios abreviados, son las modificaciones recientes que más han impactado en la aplicación y procedimientos del NSJP, sobre todo en el último tema porque solo en Mexicali se aplica, por ello la Procuraduría busca generar una disposición argumentativa con los abogados y los diputados para una ruta más sólida en beneficio de la evolución natural del  nuevo sistema y de los ciudadanos.

Cabe destacar que el ponente principal en dicho foro fue el Director del Centro de Asesorías y Formación en el Sistema Adversarial (CAFSA), Favio Valdez Vensasson, quien señaló que anteriormente las modificaciones a los Códigos Penales en los Estados eran como consecuencia a las reformas constitucionales a nivel federal, es decir, solo se hacían las adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Sin embargo, en la actualidad los cambios son promovidos por los congresos locales, claro ejemplo son las modificaciones que se realizaron a los juicios abreviados, con el argumento de que “este procedimiento solo era en beneficio del imputado y dejando a la víctima en segundo plano”.

Asimismo, Favio Valdez señaló que se debe de resaltar que el procedimiento abreviado representa una facultad que tiene el Ministerio Público de plantear al imputado un proceso rápido al renunciar al derecho que tiene a ser juzgado a través de un juicio oral, y que contrario a lo que la mayoría piensa un juicio oral no garantiza una sentencia condenatoria.

En el evento participaron también el Subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia de la Secretaría General de Gobierno, Luis Eduardo Salazar Pimentel; el Coordinador de Defensores Públicos José Fernando Acevedo Chavira; el Director de la Academia de Seguridad Publica del Estado José Fernando Sánchez González; el Subdirector de Seguridad Pública Alejandro Lora y el vicepresidente de CANACINTRA,  Alejandro Vázquez Valdez.