MEXICALI, B.C. A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- La
resolución de la controversia territorial de Ensenada-Rosarito, dada la
delicadeza y complejidad del tema, amerita un trabajo detallado de
investigación y revisión de documentos con la participación de todos los
involucrados técnicamente, así lo comentó el Secretario General de Gobierno
(SGG), Francisco Antonio García Brugos.
El
funcionario estatal detalló que el origen del conflicto radica en la solicitud
por parte del municipio de Ensenada ante el Congreso del Estado,
para resolver definitivamente la controversia territorial con el
municipio de Rosarito, y a su vez sus autoridades, se abstengan de ejercer
actos de autoridad en territorio de Ensenada.
La
resolución que corresponde emitir al Congreso, contempla que la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) elabore el
plano correspondiente para establecer los límites territoriales de ambos
municipios; situación que debe ejecutarse antes del fallo del Congreso y no
después como se propone en la resolución, pues ello solo refleja incertidumbre,
al resolverse sin contar con el peritaje técnico oficial.
El SGG
comentó, que antes de resolverse la controversia a favor de uno u otro
municipio, se deben tener las herramientas que demuestren que efectivamente hay
un error en los límites territoriales entre ambos municipios; se debe
contar con investigaciones, estudios, peritajes suficientes elaborados por las
autoridades competentes, puntualizó.
“En el trámite que sigue el Congreso, no se
tiene conocimiento que se hubiere realizado peritaje alguno, ya sea por
instancias técnicas públicas o privadas, para tener por demostradas
fehacientemente las pretensiones del municipio de Ensenada. Hubiera sido
oportuno que SIDUE manifestará su postura técnica, sin embargo no fue requerida
su participación por motivos desconocidos”, comentó.
Finalmente
García Burgos agregó que se deben tomar en cuenta todos los elementos de
estudio, respaldados por autoridades municipales, estatales, Federales, y
posiblemente involucrar a peritos de la iniciativa privada para que haya
confiabilidad a la base de resolución.
