Cerca de 200 internos resultaron beneficiados
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El Coordinador
del Área Penal de la Defensoría Púbica de Baja California, Rafael Vega Sánchez,
destacó que la brigada interinstitucional cumplió con las expectativas del
cierre de mes y se desarrolló desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la
tarde
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Están
programadas dos jornadas más durante diciembre, una el jueves 6 en las
instalaciones del CERESO La Mesa y otra para el 13 de diciembre en el CERESO El
Hongo II
TIJUANA, B.C., LUNES
26 DE NOVIEMBRE DE 2012.- Cerca de 200 internos sentenciados del Centro de
Readaptación Social (CERESO) El Hongo I, resultaron beneficiados con las
asesorías legales gratuitas que ofreció el Gobierno de Baja California mediante
una brigada interinstitucional organizada como parte de la proyección del
presente mes de la Defensoría Pública de Baja California.
La Unidad de Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)
realizó 93 entrevistas, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos
(PDH) 24.
Asimismo, la Defensoría Pública del
Estado registró 65 asesorías legales y por parte del personal de la Defensoría
Pública Federal 9, mismas que arrojaron un total de 191 servicios durante la
jornada al interior del CERESO El Hongo I.
El Coordinador del Área Penal, Rafael Vega
Sánchez, destacó que la brigada interinstitucional cumplió con las expectativas
del cierre de mes y se desarrolló desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00
de la tarde.
Refirió que según el calendario de actividades de
la Defensoría Pública de Baja California, durante diciembre se realizarán las
últimas dos jornadas de asesoría legal gratuita correspondientes a 2012.
En este sentido, está programada para el jueves 6
en las instalaciones del CERESO La Mesa y otro más para el 13 de diciembre en
el CERESO El Hongo II, donde como ha sucedido en anteriores ocasiones personal
calificado atenderá las inquietudes de los internos.
Cada una da las entrevistas registradas en la
jornada son en primera instancia desarrolladas por abogados con experiencia en
la materia y éstos a su vez son sujetos a un seguimiento desde el momento en
que se recibe a la persona hasta la conclusión de su trámite.
De esta manera, un sentenciado o procesado que no
cuenta con recursos económicos para el pago de un abogado puede tener al
alcance información sobre el procedimiento que lleva su situación jurídica a
través de litigantes tanto de la Defensoría Pública federal como estatal.