viernes, 24 de mayo de 2013

EN MARCHA ASESORÍA LEGAL GRATUITA PARA INTERNOS


Durante el mes de junio en los CERESOS

·         Es parte del seguimiento al calendario semestral de la dependencia estatal, mismo que es coordinado con la Defensoría Pública Federal, Unidad de Ejecución de Penas y Sentencias Judiciales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

·         Según se trate el caso, las dependencias coordinadas toman los expedientes presentados, a fin de darle continuidad al trámite jurídico gestionado por el interesado y una vez concluido informarle al respecto

TIJUANA, B. C., VIERNES 24 DE MAYO DE 2013.- Durante junio, la Defensoría Pública de Baja California proyecta la realización de 2 brigadas interinstitucionales, una de ellas correspondiente a la penitenciaría de La Mesa el miércoles 5, en Tijuana y la otra el jueves 20 en el CERESO El Hongo II, en Tecate.

Lo anterior es parte del seguimiento al calendario semestral de la dependencia estatal, mismo que es coordinado con la Defensoría Pública Federal, Unidad de Ejecución de Penas y Sentencias Judiciales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Las asesorías legales se ofrecen a los internos de los Centros de Readaptación Social en un horario que va desde las 10:00 de la mañana a 14:00 horas, por lo que durante este tiempo se operan los módulos hasta atender a la última persona.

En las brigadas interinstitucionales de la Defensoría Pública de Baja California participan abogados capacitados, quienes atienden las inquietudes de los internos sentenciados o procesados que no cuentan con los recursos para el pago de un profesional en el seguimiento a su situación jurídica.

Según se trate el caso, las dependencias coordinadas toman los expedientes presentados, a fin de darle continuidad al trámite jurídico gestionado por el interesado y una vez concluido informarle al respecto.

Para acceder a la orientación legal gratuita, los internos deben aplicar un estudio socioeconómico que exponga la carencia de los recursos para el pago de abogados.