lunes, 9 de abril de 2012

ASESORÍA LEGAL EL JUEVES 12 EN EL HONGO II

·         Participarán la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Unidad de Ejecuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como también de la Defensoría Pública federal

·        La atención personalizada que corre a cargo de profesionales abogados que llevan los casos como si se tratara de un litigante particular, dada la revisión que el Gobierno del Estado realiza desde el momento en que se brinda la asesoría hasta que culmina el procedimiento de la misma

TIJUANA, B.C., A LUNES 9 DE ABRIL DE 2012.- La Defensoría Pública de Baja California alista para el próximo jueves 12 de abril una brigada interinstitucional de asesoría legal gratuita de atención a internos sentenciados y procesados del Centro de Readaptación Social (CERESO) El Hongo II.

Así lo informó el Coordinador del área Penal de la DPE, Rafael Vega Sánchez, quien destacó la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Unidad de Ejecuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como también de la Defensoría Pública federal.

La coordinación entre las dependencias, dijo, permite avanzar en gran medida en la asesoría de los internos según el caso que se trate, sin que esto represente algún costo para el solicitante del servicio.

El funcionario estatal mencionó que durante el desarrollo de las brigadas interinstitucionales tanto en el CERESO de El Hongo como en la penitenciaría de La Mesa, desde las 10 de la mañana y hasta las dos de la tarde, se registra interés por la asesoría legal brindada por las dependencias que participan en las jornadas.

Vega Sánchez refirió la atención personalizada que corre a cargo de profesionales abogados que llevan los casos como si se tratara de un litigante particular, dada la revisión que el Gobierno del Estado realiza desde el momento en que se brinda la asesoría hasta que culmina el procedimiento de la misma.

En los próximos meses, puntualizó, más asesorías se brindarán a los internos sentenciados y procesados de las penitenciarías según lo establecido en el calendario de actividades de la Defensoría Pública de Baja California.