- Resultaría incosteable mantener las condiciones de seguridad y el otorgamiento de seguro contra robo de los vehículos.
- La medida afectaría actividades comerciales o de prestación de servicios.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 21 DE AGOSTO DEL 2013.- El Poder Ejecutivo remitió observaciones al decreto número 502 que incluye el veto a la modificación del artículo 22 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, aprobado en sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada el pasado 30 de julio de 2013, informó el Secretario General del Gobierno, Francisco Antonio García Burgos.
El
funcionario estatal recordó que dicha modificación pretende establecer la obligación de que toda
edificación (pública y privada) cuente con un mínimo de cajones de estacionamiento
de carácter gratuito, de acuerdo a su tipo y ubicación, por lo que el ejecutivo
considera oportuno negar su sanción así como su publicación en el periódico
oficial del Estado de Baja California.
El SGG
comentó que no existe un
análisis social-financiero suficiente que valide la factibilidad de la medida,
ya que con su aplicación se afectaría a quienes prestan el servicio de
estacionamiento público aparejado con actividades comerciales o de prestación
de servicios.
Otra consecuencia al acceso gratuito
es que haría muy oneroso y probablemente incosteable mantener las condiciones
de seguridad y el otorgamiento de seguro contra robo de los vehículos, como
actualmente acontece en diversos casos que se presta dicho servicio adicional,
con impacto en materia de seguridad y posible incidencia delictiva.
También no escapa la posible
incapacidad de alojar a sus clientes en sus estacionamientos, ante el posible
incremento de usuarios, pues al ser gratuitos podrán ser utilizados por
personas que concurran a lugares aledaños.
García Burgos destacó que se podrían
ocasionar pérdidas en relación con las inversiones en equipamiento y medidas de
seguridad instrumentadas en instalaciones de estacionamientos ante la
incapacidad de cobro, así como la afectación a las relaciones laborales
contraídas con los empleados que se hacen cargo de la administración y
operación de los estacionamientos ante la falta de recursos para solventar la
prestación de sus servicios personales, pudiendo afectar a cientos de fuentes
de empleo con las consecuencias respectivas.
El Secretario General recordó que un
caso similar se presentó en el D.F. y fue declarada inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por afectarse la garantía de
comercio que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
